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Ueno Bank, pujas por el poder político y una ciudadanía que paga (una vez más) los platos rotos

3 nov
9 min de lectura

El Banco Central del Paraguay vuelve a demostrar hasta dónde puede llegar el poder de una institución estatal sobre el capital privado. Bajo el argumento de "proteger a los ahorristas", se dispone la resolución de una entidad financiera y se paralizan las operaciones de miles de ciudadanos. En un país donde la política es adicta a poner las manos sobre la economía, las preguntas son inevitables: ¿quién protege al ciudadano de los excesos del regulador y quién controla los intereses políticos que se esconden detrás de sus decisiones?


UENO BANK
Casa central de UENO Bank. Foto: ueno.com.py

El 3 de noviembre de 2026, el Banco Central del Paraguay anunció el inicio del procedimiento de resolución de UENO Bank, alegando una insuficiencia grave en su índice de solvencia. La decisión implica la intervención de la entidad, la paralización de sus operaciones y el inicio de un proceso destinado, según la versión oficial, a "proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero". Pero detrás del lenguaje técnico de los comunicados oficiales hay una realidad mucho más concreta: miles de paraguayos que confiaron sus ahorros a una entidad privada se encuentran ahora dependiendo de los procedimientos, los plazos y las decisiones de una institución estatal para disponer de su propio dinero.


Y aquí comienza el problema. El capital no es un recurso estático que deba permanecer inmovilizado para satisfacer las expectativas de un burócrata. Es un factor productivo que circula, se transforma, financia inversiones y permite sostener las operaciones de empresas y particulares.


Muchas empresas operan mediante líneas de crédito, sobregiros y otras herramientas financieras que les permiten afrontar compromisos inmediatos mientras esperan la recuperación de sus ingresos. Una dificultad temporal de liquidez no equivale necesariamente a insolvencia, del mismo modo que una empresa que utiliza crédito no está condenada a desaparecer. Por supuesto, un banco no es idéntico a una empresa comercial ordinaria. Administra depósitos, asume obligaciones frente a terceros y debe responder por los riesgos que contrae. La liquidez y la solvencia son cuestiones diferentes, y un deterioro patrimonial grave no puede descartarse simplemente invocando la dinámica del capital. Sin embargo, esa diferencia no justifica conceder al Estado poder para decidir el destino de una entidad financiera, a tal grado de impedir las operaciones de la misma.


La pregunta fundamental es si la medida adoptada era necesaria, proporcional y verdaderamente la menos perjudicial para los depositantes. ¿Qué alternativas se evaluaron? ¿Qué responsabilidades corresponden a los administradores y propietarios? ¿Qué información permite verificar que la resolución era inevitable? Los ciudadanos merecen respuestas documentadas, no solamente declaraciones de "buenas intenciones" que, sabemos bien, un banco central bajo la administración estatal nunca las tiene.


¿Protección del ahorrista o protección del poder?


El BCP sostiene que su intervención busca proteger a los depositantes. Sin embargo, la paradoja es evidente: para proteger el dinero de los ciudadanos, el Estado mismo dispuso discrecionalmente de los fondos públicos y culmina por impedirles a los ciudadanos disponer libremente de sus ahorros mientras se desarrolla el procedimiento.


El organismo informó que la garantía de depósitos alcanza hasta G. 228.300.000 por persona y por entidad financiera, conforme al régimen legal vigente al momento del anuncio. Para quienes mantienen saldos superiores, la recuperación del dinero dependerá de los mecanismos previstos para procurar "la mayor protección posible de esos fondos". Esto significa que no todos los depositantes se encuentran necesariamente en la misma situación y que la cobertura legal no equivale a una garantía inmediata e ilimitada sobre la totalidad de los ahorros, además del ilegítimo poder de decisión que le confiere el sistema a un ente improductivo como lo es el BCP.


Además, si la intención del Estado es "proteger el dinero de los aportantes del IPS" (quienes tambien corren altro riesgo de perderlo todo con esta intervención) hubieran avanzado en un sistema de capitalización individual, y no hubieran dispuesto tan divertidamente de esos fondos sin autorización expresa de los asegurados. Esa es otra discusión que merece la pena librarla.


El Estado no puede presentarse como un protector infalible cuando sus propias decisiones pueden agravar la incertidumbre, interrumpir operaciones legítimas y trasladar los costos de una crisis a personas que no participaron en las decisiones que la provocaron.


Si existen irregularidades, deben investigarse. Si hubo negligencia, deben determinarse las responsabilidades. Si se utilizaron recursos de manera indebida, deben aplicarse las consecuencias correspondientes. Pero ninguna de esas obligaciones convierte automáticamente cualquier intervención en una medida justa, necesaria o económicamente conveniente para el ciudadano, el legítimo creador de riqueza.


La sospecha política que el Paraguay no puede ignorar


En Paraguay, tampoco podemos analizar las decisiones económicas como si se produjeran en un vacío político. El Partido Colorado ha demostrado históricamente una extraordinaria capacidad para concentrar poder institucional. Dentro de esa estructura, la aparición de sectores con autonomía económica y capacidad para disputar espacios de poder puede alterar equilibrios internos que algunos preferirían mantener intactos. Por eso, ante una decisión de semejante magnitud, es legítimo preguntarse si existen intereses políticos que puedan haber influido en el contexto en que se produjo.


Si existiera una utilización selectiva del aparato estatal para debilitar a adversarios internos, estaríamos ante un problema gravísimo: el uso de una institución pública para dirimir disputas de poder cuyos costos recaerían sobre el ciudadano, como si ya no fuera suficiente todo el atropello que sufre día tras día por parte del Estado.

¿Se está aplicando la ley con criterios técnicos uniformes a todas las entidades financieras? ¿Se investigan con la misma intensidad las operaciones de todos los grupos económicos? ¿Existen conflictos de intereses que deban hacerse públicos? ¿Se puede descartar, mediante evidencia verificable, que las disputas políticas hayan contaminado el proceso? Estas preguntas no constituyen una prueba de que la intervención sea una represalia política. Para sostener esa conclusión hacen falta evidencias concretas. Pero tampoco sería razonable exigir que los ciudadanos renuncien a formularlas cuando el poder económico, la influencia política y las decisiones regulatorias se encuentran potencialmente entrelazados.


Si existiera una utilización selectiva del aparato estatal para debilitar a adversarios internos, estaríamos ante un problema gravísimo: el uso de una institución pública para dirimir disputas de poder cuyos costos recaerían sobre el ciudadano, como si ya no fuera suficiente todo el atropello que sufre día tras día por parte del Estado.


Y si no existe tal motivación, el BCP debería poder demostrarlo mediante la transparencia de sus actuaciones, la consistencia de sus criterios y la rendición de cuentas. La presunción de legalidad no debe confundirse con la obligación ciudadana de aceptar cualquier decisión sin cuestionarla.


Los ahorristas no son piezas de un tablero político


Hay algo que la clase política parece olvidar con demasiada facilidad: detrás de cada depósito bancario existe una persona que trabajó para obtener ese dinero. Puede tratarse del salario de un trabajador, de los ahorros de una familia, del capital de un pequeño comerciante o de los recursos de una empresa que necesita pagar a sus empleados y proveedores. Ese dinero representa tiempo, esfuerzo, decisiones de consumo postergadas y proyectos de vida, aspectos que un político - naturalmente - ignora por completo.


Cuando se paralizan las operaciones de una entidad financiera, las consecuencias no se limitan a los balances contables. También afectan la capacidad de las personas para cumplir sus compromisos, realizar pagos y administrar sus propios recursos.


Por eso resulta insuficiente justificar una decisión exclusivamente mediante referencias a la estabilidad financiera o al cumplimiento de indicadores regulatorios. El ciudadano tiene derecho a conocer qué ocurrió, por qué ocurrió, quiénes son los responsables y cuáles son las medidas concretas para recuperar sus fondos, y acceder, al menos, a parte de su ya vilipendiada propiedad privada.


La protección del ahorrista no puede reducirse a una consigna institucional. Debe evaluarse por sus resultados.


Y aquí aparece otra cuestión que merece atención: la existencia de fondos públicos depositados en UENO Bank.


Si organismos estatales mantienen recursos en una entidad financiera, corresponde transparentar su exposición, identificar las responsabilidades pertinentes y explicar cómo se protegerán esos fondos. Pero la presencia de dinero público no concede al Estado una autorización para disponer del capital privado que es de competencia de los demás depositantes. Es más, incluso los recursos públicos también pertenecen, en última instancia, a ciudadanos que los financiaron mediante impuestos y otras coerciones. Por tanto, no hay justificación para convertir la protección de esos recursos en un privilegio político ni para sacrificar los intereses de los particulares en nombre de una supuesta superioridad del Estado.


El verdadero problema: un Estado que interviene en aquello que no sabe producir


Los economistas de sana doctrina llevan décadas cuestionando la capacidad de las autoridades centrales para sustituir el conocimiento disperso de los participantes del mercado por decisiones administrativas. Friedrich Hayek explicó que el conocimiento económico está distribuido entre millones de personas y que ningún organismo central dispone de toda la información necesaria para coordinar eficazmente las decisiones de una sociedad. Ludwig von Mises, por su parte, examinó las distorsiones que se producen cuando las decisiones sobre el capital y la inversión quedan sometidas a mecanismos de planificación que sustituyen los procesos de mercado.


Estas ideas no significan que cualquier empresa privada sea eficiente ni que los empresarios estén exentos de responsabilidades. Significan que el poder estatal está repleto de errores, incentivos perversos, conflictos de intereses e ignorancia total de la dinámica del mercado.


Un regulador puede equivocarse. Puede interpretar incorrectamente una situación. Puede diseñar normas que generen consecuencias no previstas. Y, como cualquier institución humana, puede ser influido por intereses particulares. La diferencia es que una decisión privada suele comprometer directamente el patrimonio de quien la toma, mientras que una decisión burocrática puede trasladar sus costos a miles de personas que nunca participaron en ella.


Por eso, el problema no se resuelve simplemente exigiendo mejores funcionarios o esperando que la próxima intervención sea más prudente. El problema es institucional: ¿cuánto poder estamos dispuestos a concentrar en manos de quienes no soportan directamente todas las consecuencias de sus decisiones?


La solución es eliminar al BCP de la ecuación financiera


Si cada crisis financiera se utiliza para justificar una expansión de las facultades regulatorias, terminaremos construyendo un sistema en el que los participantes del mercado dependen cada vez más de la aprobación estatal para administrar sus propios recursos.


La alternativa debe ser eliminar radicalmente el poder discrecional del BCP, y abrir una discusión seria sobre la posibilidad de prescindir de su monopolio regulatorio y monetario.


Desde una perspectiva anarcocapitalista, el horizonte es todavía más ambicioso: avanzar hacia un sistema financiero voluntario, competitivo y basado en la responsabilidad contractual, la transparencia y la libre elección de los participantes. Esto supone permitir que los ciudadanos evalúen los riesgos de las entidades con las que operan, que existan mecanismos privados de auditoría y certificación, que la información sobre solvencia sea accesible y que las instituciones financieras respondan por los compromisos asumidos.


No significa imaginar un mercado sin riesgos. Ese mercado no existe. Significa reconocer que la eliminación de los riesgos por decreto es imposible y que concentrar la facultad de intervenir en una autoridad estatal no garantiza que las crisis desaparezcan.


La cuestión fundamental es cómo distribuir las responsabilidades, impedir los privilegios y evitar que quienes toman decisiones puedan utilizar el aparato público para protegerse de sus propios errores.


Abolir el BCP sería una transformación institucional de enorme magnitud y requeriría resolver cuestiones complejas relacionadas con la moneda, los pagos, la supervisión y la protección contractual de los depositantes. No basta con anunciar su desaparición: hay que explicar cómo funcionaría el sistema alternativo. Pero esa complejidad no invalida el debate. Al contrario, demuestra por qué es necesario iniciarlo antes de que cada nueva crisis sirva como excusa para perpetuar el mismo modelo.


El dinero es de los ciudadanos, no del Estado


El caso UENO Bank debe investigarse con rigor. Si existen irregularidades financieras, deben documentarse. Si hubo incumplimientos legales, deben determinarse las responsabilidades. Y si la resolución era realmente inevitable, las autoridades tienen la obligación de explicar por qué no existían alternativas menos perjudiciales para los depositantes. Pero también debemos cuestionar el sistema que permite concentrar semejante poder de decisión en manos de una institución estatal.


No podemos aceptar que el Estado sea considerado infalible cuando interviene y que los ciudadanos deban asumir las consecuencias cuando sus decisiones fracasan. Tampoco podemos afirmar, sin pruebas, que detrás de cada decisión regulatoria existe una conspiración política. Lo que sí podemos exigir es que ninguna autoridad quede exenta de rendir cuentas y que ninguna sospecha de utilización partidaria del poder sea descartada sin una investigación transparente.


El verdadero desafío consiste en construir un sistema donde la libertad económica no dependa de la benevolencia de los gobernantes y donde el ahorro de los ciudadanos no quede sometido a decisiones arbitrarias de actores que no tienen idea alguna sobre generar riquezas. El dinero que un paraguayo deposita con mucho sacrificio en un banco no es una concesión del Estado. Es el resultado de su trabajo y forma parte de su patrimonio. Y ninguna institución debería olvidar que su función, cualquiera que sea su naturaleza, debe estar al servicio de las personas, no de la conservación del poder político.


El mejor gobierno es el que menos estorba. Y una sociedad verdaderamente libre comienza cuando el ciudadano se indigna al necesitar el permiso del poder para disponer y administrar los frutos de su propio esfuerzo.


Por Pablo Cristaldo, para Fundación Veritas.

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