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China pretende "disciplinar" a los paraguayos: la libertad no se negocia

12 oct
3 min de lectura

Las sanciones de Pekín contra funcionarios paraguayos por sus vínculos con Taiwán exponen la vocación de un régimen autoritario de proyectar su poder más allá de sus fronteras. Que los sancionados formen parte de una clase política que perjudica al ciudadano productivo no justifica atropellar sus derechos. La libertad de asociación debe defenderse incluso cuando beneficia a nuestros enemigos, porque los principios que dependen de la simpatía personal no son principios: son conveniencias.


China
Ilustración: lisanews.org

Las recientes sanciones impuestas por la República Popular China contra funcionarios paraguayos por sus vínculos con Taiwán constituyen una nueva demostración de la naturaleza autoritaria de un régimen que pretende extender sus propias restricciones más allá de sus fronteras. Ante estos hechos, considero necesario expresar mi posición con absoluta claridad.


No tengo ninguna razón para idealizar a los funcionarios paraguayos sancionados. Forman parte de una estructura política que considero profundamente perjudicial para el Paraguay: una organización criminal legalizada que, amparada en las instituciones del Estado, ha hecho de los privilegios, el clientelismo y el sometimiento del ciudadano a la clase política una práctica recurrente. No obstante, una cosa es cuestionar su conducta política y otra muy distinta es desconocer sus derechos fundamentales.


Los paraguayos, incluso aquellos a quienes consideramos enemigos, tienen derecho a asociarse libremente con quien deseen. Ese derecho comprende sus relaciones con Taiwán, con Shanghái, con cualquier ciudadano chino o con cualquier otra persona del mundo, siempre que sus actos respeten la libertad y los derechos de terceros. Ninguna potencia extranjera tiene autoridad moral para decidir con quién puede relacionarse un ciudadano paraguayo, ni para pretender que sus diferencias geopolíticas se conviertan en obligaciones para quienes no están sometidos a su jurisdicción.


La libertad de asociación no puede defenderse únicamente cuando beneficia a nuestros amigos ni condenarse cuando favorece a nuestros enemigos. Si creemos verdaderamente en la libertad, debemos reconocerla también en quienes consideramos equivocados, oportunistas o incluso perjudiciales para nuestro país. De lo contrario, no estaríamos defendiendo principios, sino simplemente nuestros propios intereses.


Reconozco, al mismo tiempo, la profunda deformación que décadas de autoritarismo han producido en la concepción de la libertad promovida por el régimen chino. Una sociedad sometida durante generaciones al Partido Comunista, a la censura, a la persecución de disidentes y a severas restricciones de las libertades individuales ha sido privada de condiciones esenciales para el ejercicio pleno de la autonomía personal. El comunismo, una ideología que considero moralmente perversa por subordinar al individuo al poder político, ha contribuido a consolidar una cultura de obediencia incompatible con una sociedad verdaderamente libre.


Que un régimen acostumbrado a controlar a sus propios ciudadanos pretenda trasladar esa lógica a personas de otras nacionalidades puede resultar comprensible desde la perspectiva de su propia naturaleza autoritaria. Pero que sea comprensible no significa que sea aceptable. Es un impulso políticamente condenable que debe encontrar resistencia allí donde pretenda imponerse. Los paraguayos no tenemos por qué aceptar como norma diplomática la voluntad de un gobierno extranjero que desconoce principios elementales de libertad individual.


Quiero dejar constancia de que no todos los ciudadanos paraguayos aceptamos este vergonzoso trato diplomático como algo inevitable, ni consideramos que las presiones de una potencia extranjera deban determinar nuestras relaciones personales, comerciales, académicas o políticas. El Paraguay no debe sacrificar la libertad de sus ciudadanos en nombre de conveniencias geopolíticas, expectativas comerciales o cálculos de la clase gobernante.


Y que nadie confunda mi posición: defender la libertad de asociación de los funcionarios sancionados no significa absolverlos de sus responsabilidades ante los paraguayos que trabajan, producen y sostienen con su esfuerzo un sistema político que tantas veces los perjudica. Pueden ser aborrecedores del ciudadano que produce y, al mismo tiempo, conservar derechos que ningún gobierno extranjero tiene potestad para arrebatarles. Los principios no se suspenden por conveniencia.


Por ello, en la medida de mis posibilidades y junto con quienes compartan una defensa genuina de la libertad, recurriré a las instancias que correspondan para denunciar y enfrentar cualquier intento de vulnerar este derecho. Lo haré por convicción, no por simpatía hacia los sancionados; por respeto a la libertad, no por adhesión a sus posiciones políticas.


La libertad no es una concesión del Estado paraguayo, del Partido Comunista chino ni de ninguna autoridad. Tampoco depende de la aprobación de una potencia extranjera. Es un principio que debemos defender frente a cualquier poder que pretenda someter al individuo a sus intereses.


El Paraguay debe relacionarse con el mundo desde la dignidad de sus ciudadanos, no desde el temor de sus gobernantes. Ninguna potencia extranjera tiene derecho a decidir por los paraguayos con quién podemos asociarnos, a quién podemos apoyar o con quién podemos relacionarnos.


La libertad que hoy se pretende restringir a unos funcionarios debe ser defendida como un derecho de todos. Porque cuando aceptamos que el poder decida quién merece ser libre, ya hemos renunciado a la libertad.


Pablo Cristaldo Director Ejecutivo

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